Es la nueva herramienta informática para gestión de archivos de la Junta de Andalucía. Con una inversión total de unos 600.000€ ha sido presentado por la Consejería de Justicia y Administración Pública (la que ha desarrollado el proyecto) y la Consejería de Cultura (la que tiene competencias sobre archivos).
La Consejería de Justicia y Administración Pública tiene previsto utilizarlo para la gestión de los archivos judiciales (falta que les hace) mientras que Cultura lo incorporará a todo tipo de archivos, desde los de oficina hasta histórico-provinciales o al Archivo General de Andalucía.
El programa contempla la gestión informatizada de la documentación archivada tanto en papel como digital, controlando aspectos como la gestión de ingresos, descripción documental y los servicios y salidas de documentación.
En el desarrollo del programa ha participado un comité de usuarios formado por técnicos de archivo de la Junta y un comité técnico con expertos en nuevas tecnologías y comunicaciones.
Para más información, el publirreportaje del portal informativo de la Junta de Andalucía

Con bastante menos ruido y repercusión social, al menos su debate ha sido menos catastrofista, se aprobó ayer en el parlamento de Andalucía la reforma del Estatuto de Autonomía.
Dejando atrás controversias ridículas sobre naciones o realidades nos centraremos en lo referente a bibliotecas y archivos.
Concretamente su Título II, capítulo II establece las competecencias que asume la Junta de Andalucía y su artículo 63 enumera las correspondientes a Cultura y patrimonio:

Art. 63.2. Andalucía asume competencias ejecutivas sobre los museos, bibliotecas, archivos y otras colecciones de naturaleza análoga de titularidad estatal situadas en su territorio, lo que comprende, en todo caso, la regulación del funcionamiento, la organización y el régimen de su personal

Recordemos que en Andalucía existen varios archivos de titularidad estatal: Archivo de Indias, Archivo de la Real Chancillería, Archivos histórico provinciales (1 por provincia) y Bibliotecas provinciales del estado. Todos, menos el Archivo de Indias, son de titularidad estatal (el estado posee la titularidad del edificio y los fondos) y gestión autonómica (la Junta regula su funcionamiento, organización y personal).
De acuerdo con las competencias en materia de cultura, adquiridas por el estatuto de 1981, hoy reformado, el Ministerio de cultura transfiere por Real decreto 864/1984 de 29 de febrero la gestión de los archivos y bibliotecas citados.
En el caso de los Archivos históricos provinciales la cosa se complica aún más, ya que, tras la creación del Archivo General de Andalucía (Decreto 323/1987 de 23 de diciembre) son los encargados de recoger la documentación generada por los servicios periféricos de la Junta de Andalucía, así como la coordinación técnica de los archivos de las delegaciones provinciales. Presentan, pues, una curiosa dicotomía ya que sus fondos mantienen una doble titularidad estatal y autonómica.
En cambio, el Archivo de Indias, no se transfirió a la Junta de Andalucía, alegando que sus fondos, relativos en su mayoría a la administración colonial, no son patrimonio exclusivo de los andaluces. Si nos atenemos a esta definición tampoco podríamos considerar como patrimonio el archivo de la Real Chancillería encargada en sus inicios de la administración de justicia en todos los territorios al sur del río Tajo.
Ahora, la novedad que presenta este artículo, en cuanto a competencias culturales, es que la Junta asume directamente las competencias de gestión sobre el Archivo de Indias, hasta ahora de titularidad y gestión estatal. Como dice el artículo en su punto número 4:

La Junta de Andalucía colaborará con el estado a través de los cauces que se establezcan de mutuo acuerdo para la gestión eficaz de los fondos del Archivo de Indias y de la Real Chancillería.

Me sorprende que este hecho no adquiera relevancia en los medios de comunicación, dada la importancia y riqueza de los fondos del archivo. En cualquier caso, está por ver cuando se asumirán de manera efectiva las competencias de gestión y por evaluar los aspectos positivos, para los archiveros andaluces, que esta decisión puede aportar.

El director del Archivo Nacional de los EEUU, Allen Weinstein, y el cofundador de Google, Sergey Brin, han anunciado el lanzamiento de un programa piloto para digitalizar la colección de películas documentales e históricas de los Archivos Nacionales.
El acceso a esta colección es libre y gratuito y puede hacerse bien a través de Google Video, bien a través de la página de los Archivos Nacionales.
Como dice el director del Archivo, es reflejo de su nuevo plan estratégico que pretende acercar la información a los usuarios, sin barreras físicas que la contengan, ofreciendo un acceso permanente en el tiempo:

“This is an important step for the National Archives to achieve its goal of becoming an archives without walls,” said Professor Weinstein. “Our new strategic plan emphasizes the importance of providing access to records anytime, anywhere. This is one of many initiatives that we are launching to make our goal a reality. For the first time, the public will be able to view this collection of rare and unusual films on the Internet.”

De momento están disponibles unas 100 películas entre las que destaca la más antigua que conserva el archivo: “Carmencita. Spanish dance“, interpretada por la famosa bailarina gitana en 1894.

Tan sólo unas horas después del exhaustivo pseudominiestudio de realidades laborales, vuelvo con la tercera y última entrega. El motivo de tan corto período de tiempo es que intuía que la iniciativa privada en archivos y bibliotecas era más bien escasa, así que no me iba a llevar mucho tiempo analizar las ofertas. Y efectivamente así ha sido, aunque con un pequeño contratiempo.
Buscamos ofertas cuya palabra clave fuese archivero (0 resultados) o archivo (982 resultados). Con lo cual fue necesario comenzar una depuración de resultados.
Se descartaron aquellas ofertas que no fuesen exclusiva y específicamente de archivo, es decir todas las de administrativo, secretariado, documentación (ya estudiada), en fin todas aquellas que entre sus cometidos tuviese como función secundaria el archivo. Por contra, nos quedamos con aquellas que incluían específicamente la función de archivo en su cometido. Es decir 9 ofertas. El período analizado es desde 20/11/2005 hasta el 09/12/2005

1. OFERTAS

- Como he dicho aparecen, 9 ofertas con la siguiente distribución:
Técnico de archivo: 44,5%
Auxiliar de archivo: 22,5%
Aux. Admnvo. archivo:22,5%
Admnvo. archivo:10,5%

El perfil solicitado no cambia una vez analizadas las ofertas, correspondiendo todas las funciones a tareas de archivo. Pese a todo, el perfil dominante en este caso es el de auxiliar/administrativo. Sin duda la necesaria depuración de resultados ha adulterado en este sentido el análisis de los datos.

2. TITULACIÓN

Diplomados en Biblioteconomía: 44,5%
BUP/FP administrativo: 55,5%

En este caso, el requisito de diplomatura en biblioteconomía corresponde a todas las ofertas de técnico de archivo.
De todas formas y, como se menciona en el apartado anterior, es un dato que hay que relativizar.

3. EXPERIENCIA REQUERIDA

- En la línea del anterior estudio. En este caso la mayoría exige un año de experiencia y sólo una exige dos años.

4. CONTRATOS:

- También predominan los temporales (55%). Sin embargo hay un indefinido (¿obra y servicio enmascarado?).
El sueldo oscila entre los 6000 eur./año y los 18000 eur./año, siendo la media 10800 eur/año.

5. MODO DE CONTRATACIÓN:

- El 66,6% son empresas temporales o consultoras quienes contratan indirectamente al personal. El hecho de que se lleve a cabo esta forma de contratación no implica necesariamente que el trabajo sea temporal.

- El 78% es a jornada completa, siendo de 9-18h el horario más repetido.

6. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:

- En este caso aparece más repartida: Madrid (2), BCN (2), Málaga (1), Valencia (1), Almería (1), Lugo (1) y Sevilla (1).

Pese a lo que pueda parecer, el perfil prototípico sería el de administrativo encargado del archivo y documentación de la empresa, con una experiencia de 1 año, contrato temporal a jornada completa y un sueldo de unos 10800 eur/año brutos.

Como anécdota señalar que una de las ofertas de auxiliar de archivo tenía como requisito la posesión del carnet C!!. ¿Que entenderán ellos por archivero?

Como era de esperar, la iniciativa privada en estas áreas es escasa (en bibliotecas los datos son todavía menos relevantes por lo que no se van a analizar) aunque como desconsuelo nos queda que en la pública es casi peor.

“Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma: Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice: «Excursión a Quilmes», o: «Frank Sinatra».
Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: «No vayas a lastimarte», y también: «Cuidado con los escalones.» Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio”.
CÓRTAZAR, Julio: Historia de Cronopios y de Famas

Según publica hoy El Pais, Aurora Bernárdez, de 85 años y primera esposa y albacea del gran escritor argentino Julio Cortázar, donará a la Xunta de Galicia el archivo fotográfico y cinematográfico del autor.
El material donado se depositará en el Centro Galego de Artes de Imaxe (CGAI) en A Coruña e incluye unas dos mil fotografías y varios cortometrajes.

John Wiener, es un profesor de historia de California que, durante 14 años, peleó con el FBI para que permitiesen el acceso a los archivos de este organismo sobre John Winston Lennon. Finalmente se aprobó el acceso a la mayor parte de estos archivos, principalmente a documentos de 1971 y 1972. Algunos de estos documentos pueden verse en esta página. (Vía alt1040)

Concluimos, un día frenético en cuanto a actividad, con un homenaje merecido a un genio de la música en el momento casi exacto en que se cumplen 25 años de su muerte.

En el Boja de hoy aparece publicado el decreto regulador de la composición y funciones del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. Uno se pregunta, tendenciosamente, si tanto consejo y comisión sirven efectivamente para algo. No es por reabrir viejos debates pero todos recordamos la polémica surgida en torno al archivo de Salamanca y cómo teniendo un órgano consultivo con las autoridades más destacadas en la materia (la Junta Superior de Archivos) se procede a crear una comisión de expertos (¿¿??).

Siguiendo con las divagaciones, recuerdo hace tiempo veía en televisión un reportaje de como Erik el Belga, devolvía unas obras robadas a la iglesia del pueblo. Mientras hacía su camino rodeado de cámaras, todo el pueblo, muchos ni siquiera habían nacido cuando se produjo el robo, le gritaba ladrón y otro tipo de insultos que no vamos a reproducir aquí por educación. Lo curioso es que las obras fueron robadas con el beneplácito del cura, tras un pequeño soborno.
Hoy, leo en las páginas de El Pais una noticia en cierto modo parecida. Y es que, ¿quién no se ha llevado a casa algún objeto de su trabajo?. Si trabajas en una oficina, te llevas bolígrafos y si trabajas en la biblioteca de una catedral pues …incunables.

En este post se defiende un nuevo concepto de archivo digital basándose en el desarrollo de estándares como RSS para actualidad y noticias y OAI para registros bibliográficos. El modelo sería similar al de las redes distribuidas (cada uno en su casa y Dios en la de todos). La inversión y el coste serían mínimos pero como tantos otros intentos tiene como principal impedimento los derechos de autor, si no al tiempo.

Precisamente hoy leíamos acerca de la composición de la recientemente creada “Comisión Intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual“, en la que los consumidores, por si alguno tenía dudas, no pintamos nada.

Todos hemos tenido la necesidad de eliminar de vez en cuando un documento comprometedor. Pero, parece, que fue el anterior gobierno quién hizo de esta práctica casi un hábito y, claro, ahora hay que exigir responsabilidades puesto que los documentos oficiales forman parte del patrimonio documental y, por consiguiente, están amparados por la ley de patrimonio.
Una cosa me llama la atención, ¿por qué calla el gobierno entrante?. No sé me suena a hoy por tí mañana por mí